|
Por Martín Carranza Torres
El caso Taringa! ha despertado un mar de elucubraciones apresuradas acerca de un supuesto cambio de paradigma de Internet que intenta desestimar las normas de convivencia que teníamos antes de la existencia de la gran red.
Esta hipótesis no sólo es falsa sino que no resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico y lógico. Suponiendo que las voces que se manifiestan en este sentido hayan leído a Thomas Kuhn lo están interpretando mal. Es decir, el nuevo paradigma consiste en realidad en una nueva manera de hacer cosas similares y otras que antes no se podían y ahora son posibles realizar.
.jpg) En este sentido, los impulsores de la renovación deberán contemplar los derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad que significa el ejercicio de esos derechos. Internet es un vehículo pero los derechos de cualquier persona se ajustan a donde empiezan los derechos de los demás.
Entonces, no se han convertido absolutos los derechos de uno y relativos los derechos de otros por el sólo hecho de que haya una nueva herramienta, una nueva manera de difusión y, si se quiere, una nueva cultura.
En el caso Taringa! no fue la industria del software sino la industria editorial quien se sintió damnificada y formuló la demanda (aunque ahora se conoció la noticia de que hay posibilidad de que pueda llegar a ser desestimada por la Cámara Argentina del Libro por un acuerdo firmado por las partes, pero que no fue confirmado todavía), pero ciertamente la propiedad intelectual es horizontal a prácticamente todas las industrias productivas del país. Argentina ostenta un 70% en la actualidad de piratería y, evidentemente, ese es un fenómeno que no nos ayuda como economía en general.
Ahora bien, aquellos que suponen que la acción de Taringa! obedece a un acto libertario, por parte de la plataforma, para democratizar la información en detrimento de los defensores de la propiedad intelectual, deberían revisar el daño que este tipo de acciones le causan a la industria.
Su política es, una vez más, inentendible a la lógica y está fuera de toda consideración legal. Y tampoco autoriza, sólo por disentir con una sentencia judicial, a producir daños o cometer delitos informáticos como represalia al disenso. Estos actos de soberbia, en nuestro país, conducen a un solo lugar: el fracaso.
El cambio de paradigma se reduce a confiar en las instituciones y aplicar las leyes como corresponde a quien quiera convivir en un sistema republicano. Nada más. O empezamos a convivir también en Internet o en ese “sálvese quien pueda” seguramente van a ser los más débiles quienes más sufran las consecuencias. Y eso corre para todos.
Si los damnificados en realidad no lo son tendrán que someterse a la regla. Si el sitio de Taringa! resulta ser legal en futuras sentencias firmes quienes se sienten hoy damnificados deberán rever algunas otras cosas, pero todo esto forma parte de las reglas de juego en las que estamos sumergidos. Se puede aceptarlas o no. Lo que no es razonable es que el disenso se pague con sangre porque en esa instancia el delito es indiscutible.
Twitter: @CarranzaTorresM
|
