Lamentablemente a diario vemos como intrusos informáticos logran burlar los escudos de seguridad de muchísimas páginas webs, tanto públicas como privadas, accediendo indebida e ilegítimamente a sus servidores, bases de datos personales, información confidencial, etc.

De ahí que la ciberdelincuencia no guarde reparos ni admita excepciones, sólo lleva adelante su plan maestro y celebra el daño y sus posibles consecuencias. Que logren ingresar a los servidores y demás confidencias de sitios webs de terceros amerita un cambio radical en las conductas de protección de datos de usuarios, empresas y estados.

Siempre que tomamos posición ante determinada cuestión, uno de los problemas con que nos enfrentamos es el de las justificaciones, el de dar argumentos de por qué esto se debería hacer o no hacer y saber si para ello se tienen cimientos sólidos o si el edificio se cae al primer soplo de vientos contraargumentales. Ese ensayo haremos respecto de la piratería.

En primer lugar, hay que hacer una digresión terminológica. La palabra piratería se usa para designar la copia sin autorización de una obra objeto de los derechos de autor aparentemente desde el siglo XVIII, por lo que su utilización con este sentido tiene una larga tradición.

A los convulsionados momentos que vive el sitio web Cuevana por supuestas violaciones a la propiedad intelectual se le suma el desembarco en los tribunales argentinos de varias de las señales más poderosas de la grilla televisiva.

Algunos de esos canales internacionales iniciaron, desde fines de noviembre de 2011, acciones legales para impedir a los usuarios del popular portal acceder a diversas series de televisión por entender que violan la Ley 11.723.

La noticia de la nueva acción penal pública contra Cuevana -por parte de las empresas cinematográficas Fox, Disney, Paramount Pictures, Columbia, Universal, Warner Bros (y Telefe)- ha reabierto el debate sobre los alcances de la propiedad intelectual en Internet y los supuestos límites artificiales que suponen respecto de la libertad de acceso, circulación, transmisión y distribución de la información.

Las investigaciones preliminares N° 4/11 y 5/11 contra el portal fueron remitidas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal por el Fiscal General Dr. Ricardo Sáenz a pedido de las distribuidoras.